Armar alianzas, continuar
resistiendo a la industria minera y fundar una vida inspirada en el Sumak
Kawsay fueron los temas centrales de la asamblea.
Cuenca.- Exponentes internacionales, junto a dirigentes de organizaciones
indígenas y gobiernos provinciales del Azuay y Zamora Chinchipe, se pronunciaron
en pro de la defensa de agua y territorios ecuatorianos que están siendo ya
invadidos o pretenden serlo por concesiones mineras.
Carlos Pérez, Presidente de
Ecuarunari expresó que los pueblos indígenas siempre han apostado por la vida y
han rechazado las conflagraciones entre ecuatorianos; sin embargo dejó en claro
que de no haber la protección a territorios y vertientes, es su obligación
resistirse y salir a las calles.
Paul Carrasco, Prefecto del Azuay
mencionó “(…) aquí hay hombres y mujeres
que pensamos primero en la madre tierra, en los derechos de la naturaleza y en
la vida de los seres humanos, antes que en el dinero que supuestamente nos
dejará la minería”
Desde Uruguay, Raul Zibechi,
investigador y activista, afirmó que sumado al problema de la economía y
naturaleza, la minería legitima la violencia a las personas dado que su lógica difunde
valores vinculados al robo, a la aniquilación de la naturaleza y los seres
humanos.
“Si usted ve los mapas de las concesiones mineras (…) la mayoría de las
cuencas hidrográficas del país, especialmente el sector de Zamora van a ser
entregadas a las empresas mineras porque se necesitan muchas cantidades de agua
para procesar los minerales” subrayó el cubano Carlos Zorrilla, quien viene
defendiendo el valle del Intag, en Imbabura, durante años.
Salvador Quishpe Lozano, Prefecto
de Zamora Chinchipe, manifestó que si no se dejan de lado afinidades políticas,
el Ecuador sin minería que se busca, nuca se podrá dar, por ello invitó a los
líderes a buscar el diálogo con las llamados “adversarios” sin ceder
posiciones, sin claudicar, pues solamente con el diálogo se podrá construir una
patria unificada. En el plano económico, Salvador Quishpe, mediante una
análisis claro reveló a los presentes que los ingresos que la minería le da al
país no sirven ni siquiera para cubrir gastos de propaganda del actual régimen, sin tomar en cuenta gastos
ambientales, entre otros.
Dentro de las resoluciones finales
estuvieron las anulaciones a concesiones ilegítimas en territorios ancestrales,
creación de organizaciones de apoyo a personas perseguidas por las mineras y el
estado, visitas de defensores de derechos humanos, creación sistemas
informativos para las comunidades afectadas por la minería y la participación
de todas las organizaciones suscritas ese día en los distintos actos de resistencia
contra el extractivismo.
