Alrededor de 14 organizaciones de Derechos Humanos indígenas, juristas, y
académicos estuvieron en la Asamblea de la CIDH, en Washington.
La tarde del 27 de octubre en la
asamblea número 153 organizada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, en la ciudad de Washington, EEUU, el prefecto zamorano chinchipense,
Salvador Quishpe Lozano, informó a los comisionados sobre los distintos
atropellos a los derechos de los ciudadanos que están cometiendo en el Ecuador.
Se expusieron temas como; el
incumplimiento a la consulta pre-legislativa, justicia indígena, persecución a
líderes sociales y políticos, tal es el caso de Cléver Jiménez, calificando que
los procedimientos que se han dado en este tema han sido ilegales, puesto
que levantaron un juicio a un legislador que tiene impunidad parlamentaria.
Quishpe Lozano, además, denunció
que las autoridades amazónicas están siendo condicionadas, argumentando que el
Gobierno pretende aprobar la reforma a la Ley 010 que busca mayor participación
de rentas petroleras, a cambio de firmar un documento de apoyo a la explotación
petrolera en el Yasuní. “Esperamos que los comisionados de la CIDH vengan al
Ecuador a verificar lo que está ocurriendo aquí con los derechos de las y los
ecuatorianos”, aseveró.
En ese contexto a pesar de que
Ecuador dejó por tercera ocasión consecutiva el asiento de Estado, estuvieron
presentes, organizaciones indígenas, activistas, gremios judiciales,
académicos, entre otros representantes de la sociedad civil, exponiendo ante la
Comisión sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador y la
independencia judicial.
Según el diario “El
Universo”, los representantes de los grupos sociales solicitaron a la
Comisión “inste al Estado ecuatoriano a cumplir con la garantía y protección de
los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a las decisiones
estatales que afectan sus territorios; se dé prioridad al tratamiento de los
casos que involucran a los pueblos indígenas y que la Comisión haga seguimiento
a la situación de los derechos y al cumplimiento al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos en relación a la consulta previa”.
