“Necesitamos que las autoridades
demuestren los documentos donde facultan los acuerdos previos con los
desalojados, como lo afirman”, dijo Quishpe.
Tundayme-El Pangui.- El prefecto Salvador Quishpe, la Viceprefecta Karla
Reátegui extendieron su solidaridad con las familias afectadas por el desalojo
ocurrido este 30 de septiembre en la zona de San Marcos de la parroquia
Tundayme. Llegaron hasta el lugar del hecho donde aún maquinaria pesada
realizaba trabajos de destrucción de viviendas.
En la zona se encontraban los
padres y madres de familia que hoy ya no cuentan con su vivienda, pidieron al
Prefecto ayudar a reclamar sus derechos vulnerados, dicen estar desamparados y
que la empresa minera en reiteradas ocasiones ha venido amenazando de varias
formas.
Según un boletín emitido por la
Subsecretaría Zonal Sur del Ministerio de Minería, se aduce que en San Marcos
fueron reubicadas 2 familias Uyaguari y Arévalo; sin embargo en una entrevista
realizada a estas familias dan a conocer que dicho ofrecimiento no se ha
cumplido “seguimos en la calle, si eso fuese verdad no estaríamos aquí”, aduce
Sonia Uyaguari integrante de la familia que hace mención la nota de prensa.
Sonia pertenece a una familia de 7 integrantes los cuales
ahora permanecen alojados en la comunidad del Valle del Kim junto a las más de
15 familias que no tienen vivienda. Además el boletín habla de un supuesto
diálogo previo y acuerdo pacífico con los “reubicados”, pero las personas
afectadas lo desmienten, manifestando que en ningún momento las autoridades se
acercaron, además incluyen que en el desalojo tampoco presentaron documentos
legales que argumenten dicha acción.
Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Indígena Cascomi, este
primero de octubre en Gualaquiza presentó una acción donde pide medidas cautelares,
y demandan al Ministro de Minería, Ministra del Ambiente, a la Directora de
Arcom de Zamora Chinchipe y a la representante de la Empresa Ecuacoriente, por
los actos ocurridos en el sector de San Marcos.
El Dirigente afirma que de acuerdo a la ley en 24 horas las autoridades
deberán responder esta demanda. Y con ello esperan que se detengan los supuestos
abusos, pues los definen como proyectos ilegítimos que vulneran los derechos
humanos y de la naturaleza.
Por su parte Salvador Quishpe, cuestionó y condenó a estas
acciones que las calificó como injusticias, dijo que se están recopilando los
documentos habilitantes que demuestran que los predios donde fueron construidas
las casas eran de propiedad de los comuneros, pues los habitantes no negociaron
sus terrenos con la Empresa. Para ello pidió a las autoridades que ordenaron el
desalojo demostrar públicamente los documentos legales donde realizan las
notificaciones previas al desalojo.
Cabe mencionar que en esta zona se desarrolla un proyecto de
extracción minera “Mirador”, por parte de una Empresa China.
Dato:
