El legislador Elio
Peña mostró su respaldo a 15 dirigentes de las diferentes comunidades que
conforma Cascomi de la parroquia Tundayme, que son demandados injustamente por
la empresa minera Ecuacorriente.
Quito.- El asambleísta de Zamora
Chinchipe, Elio Peña, mostró su preocupación por la actitud de la empresa Ecuacorriente
a cargo del Proyecto Minero “Mirador” quienes han impuesto una nueva demanda a
los integrantes de la Comunidad Indígena Cascomi de la parroquia Tundayme del
cantón El Pangui, con la figura de organización de seudo cooperativas e
invasión a tierras de propiedad privada, esto en represalia a las dos demandas
que la comunidad hizo en contra de la empresa china, por desalojo violento y
daños materiales con la figura de Actos de Terrorismo.
En el año 2014, la
Cascomi demandó a la empresa minera Ecuacorriente por destrucción del centro
poblado San Marcos como la escuela, iglesia, espacios comunitarios, la segunda
demanda fue planteada por el desalojo violento a las 16 familias de la
comunidad el 30 de septiembre del 2016. A pesar de que todo fue fundamentado de
manera documentada La fiscalía del cantón El Pangui, decidió archivar las
demandas, argumentando que no tiene pruebas suficientes, lo que justificaría el
accionar de la empresa transnacional y la persecución a los dueños de estos
territorios.
A raíz de este
hecho, la Empresa Minera Ecuacorriente, mediante su representante jurídico,
plantea una contrademanda en contra de 15 dirigentes de las diferentes comunidades
que conforma Cascomi, a quienes se les notifica a rendir versiones; por lo que
el asambleísta Peña, rechaza rotundamente esta actitud de la empresa minera
Ecuacorriente a cargo de Proyecto Minero “Mirador”, se archivaron las dos
demandas hechas por la Comunidad y se da paso a la que planteó la empresa en
contra de quienes fueron desalojados violentamente de su territorios y ahora
son perseguidos por esta transnacional de capitales chinos.
Por su parte
Luis Sánchez, representante de Cascomi, indicó que son injustas las contrademandas
hacia los dirigentes de la comunidad y mencionó que “es un acto injusto que la
empresa comete contra dirigentes por defender su territorio, la pachamama y sus
derechos”, por lo que pidió al Gobierno Nacional, respetar el dialogo y exigir a
que las acciones de las instituciones del Estado, estén en concordancia con la
construcción del Estado Plurinacional y la defensa de los Derechos Colectivos
presentes en la Constitución del Ecuador.
