ASAMBLEÍSTA ELIO PEÑA PIDE SE ANALICE A PROFUNDIDAD LEY AMAZÓNICA ANTES DE SER APROBADA.

El legislador de Zamora Chinchipe mostro su preocupación por la falta de claridad en aspectos como el económico en las normativas de la LOCTEA.

Puyo, Pastaza.- Ante el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en donde se manifestó que en este mes de febrero se aprobará el proyecto de Ley Especial de la Circunscripción Amazónica, el asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña Ontaneda, pidió que se analicen a profundidad todos los temas que se hacen referencia dentro de esta ley y en el que se tomen en cuenta las necesidades expuestas por las autoridades y el pueblo Amazónico.   

Estas declaraciones se efectuaron en la Octava Cumbre Amazónica, que se realizó el pasado viernes 26 de enero de 2018 en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. En donde el legislador Peña, reveló que  “no solo se puede ver a la región como una fuente de extracción de petróleo, sino como un polo de desarrollo social, lo que no incluye la nueva ley”, debemos crear con esta ley normativas que doten una planificación específica para nuestra circunscripción territorial, lo que promoverá un desarrollo de la Amazonía de forma equitativa con el resto del país.

Esperamos que se incluya en la normativa la obtención de las regalías con los recursos de la venta del barril del petróleo y ahora también de los proyectos hidroeléctricos, esto mejorará la calidad de vida de los habitantes de las 6 provincias, hay que recalcar en que los recursos económicos para el país salen de la Amazonía, pero esto contrasta con el poco progreso que ha tenido la región, no podemos aprobar en la Asamblea Nacional una ley en la que no estén claros puntos específicos como el aporte económico que dará el estado a nuestras provincias”, denunció.

Aseguró que tampoco está de acuerdo que se creen nuevas entidades gubernamentales, más bien se debe entregar los recursos directamente a los GAD´s, que son las instituciones que conocen de cerca las necesidades del pueblo”, esto lo indicó el asambleísta en la Octava Cumbre Amazónica, cuyo lema fue ‘Amazonía, aquí nace la vida’, que reunió a alcaldes, prefectos, asambleístas amazónicos y presidentes de las juntas parroquiales de la región y autoridades nacionales. 

ASAMBLEÍSTAS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA PIDEN REVOCATORIA PARA LAS AUTORIDADES QUE OBSTACULIZAN LA INTERVENCIÓN DE UNL.

Jeannine Cruz y Elio Peña, junto a representantes de la UNL, exigen al CES, separación de autoridades que no han cumplido sus obligaciones y que se han amparado en la autonomía para cometer actos de corrupción.

Quito.- La deficiente administración de la Universidad Nacional de Loja y la toma de las instalaciones del alma mater, ahondó la crisis institucional que atraviesa la UNL, así lo sostuvieron los asambleístas Elio Peña de Zamora Chinchipe y Jeannine Cruz, asambleísta de la provincia de Loja, quienes junto a una delegación de docentes, empleados y representantes de los estudiantes, exigieron ante los integrantes del Consejo de Educación Superior CES, la solución urgente y definitiva de la problemática que acarrea desde hace varios años este centro de educación superior que alberga a estudiante de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

Uno de los problemas latentes se evidencia en la notable reducción de alumnos, en el pasado podían ingresar 12 mil estudiantes y ahora solo 2000, es decir, 10 mil jóvenes no tienen como acceder y hacer realidad su aspiración de obtener un título universitario, indicó la legisladora Cruz, quien además subrayó que las irregularidades tienen su origen en la aprobación de la LOES, que, en su criterio, permitió al anterior gobierno meter la mano en las universidades y ponerlas bajo el manto de su proyecto político.

El asambleísta Peña sostuvo que el Consejo de Educación Superior realizó 774 denuncias por irregularidades académicas, administrativas y financieras en la universidad, lo que produjo que en el 2015 se inició la intervención de la universidad, debido a la inexistencia de co-gobierno, incapacidad administrativa, cierre de once carreras y treinta y cinco programas de postgrado, falta de registro de títulos a estudiantes que ya habían terminado sus carreras y lo más grave, existían cobros indebidos en la Modalidad de Estudios a Distancia, por lo que exigió al CES, la urgente revocatoria para las autoridades que obstaculizan la intervención dispuesta por el CES en la UNL.

El estudiante Joe Carpio, denunció, que mientras varios jubilados han muerto sin recibir lo que por ley les corresponde, en el año 2016, se regresaron 16 millones de dólares de la Universidad Nacional de Loja a las arcas fiscales, porque sus autoridades no supieron que hacer con esos recursos, mientras se cerraban carreras y laboratorios, además se dio a conocer que alrededor de 2.000 títulos están sin registrarse ni en la SENECYT ni en el CES, esto demuestra la situación caótica por la que atraviesa la universidad y cuando producto de esta inconformidad los estudiantes han decidido ejercer su legítimo derecho a la protesta exigiendo soluciones inmediatas.

Los catedráticos presentes indicaron que existe una presunta rivalidad interna de ciertos ex asambleístas del oficialismo, quienes se disputan los puestos y cargos en la universidad, lo que acentúa el problema y exigieron un referendo inmediato, a fin de que salgan las autoridades que no han cumplido sus obligaciones académicas y que se han amparado en la autonomía para cometer actos de corrupción, ante estas denuncias Enrique Santos, presidente de Consejo de Educación Superior, abandonó molesto la reunión, lo que fue criticado por los presentes, mientras que los legisladores Cruz y Peña, se manifestaron contrariados y anunciaron tomar medidas fiscalizadoras pertinentes.

DEMANDAS DE MINERA CHINA CONTRA COMUNEROS DESALOJADOS DE TUNDAYME PREOCUPA A ASAMBLEÍSTA.

El legislador Elio Peña mostró su respaldo a 15 dirigentes de las diferentes comunidades que conforma Cascomi de la parroquia Tundayme, que son demandados injustamente por la empresa minera Ecuacorriente. 

Quito.- El asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña, mostró su preocupación por la actitud de la empresa Ecuacorriente a cargo del Proyecto Minero “Mirador” quienes han impuesto una nueva demanda a los integrantes de la Comunidad Indígena Cascomi de la parroquia Tundayme del cantón El Pangui, con la figura de organización de seudo cooperativas e invasión a tierras de propiedad privada, esto en represalia a las dos demandas que la comunidad hizo en contra de la empresa china, por desalojo violento y daños materiales con la figura de Actos de Terrorismo. 

En el año 2014, la Cascomi demandó a la empresa minera Ecuacorriente por destrucción del centro poblado San Marcos como la escuela, iglesia, espacios comunitarios, la segunda demanda fue planteada por el desalojo violento a las 16 familias de la comunidad el 30 de septiembre del 2016. A pesar de que todo fue fundamentado de manera documentada La fiscalía del cantón El Pangui, decidió archivar las demandas, argumentando que no tiene pruebas suficientes, lo que justificaría el accionar de la empresa transnacional y la persecución a los dueños de estos territorios.  

A raíz de este hecho, la Empresa Minera Ecuacorriente, mediante su representante jurídico, plantea una contrademanda en contra de 15 dirigentes de las diferentes comunidades que conforma Cascomi, a quienes se les notifica a rendir versiones; por lo que el asambleísta Peña, rechaza rotundamente esta actitud de la empresa minera Ecuacorriente a cargo de Proyecto Minero “Mirador”, se archivaron las dos demandas hechas por la Comunidad y se da paso a la que planteó la empresa en contra de quienes fueron desalojados violentamente de su territorios y ahora son perseguidos por esta transnacional de capitales chinos.

Por su parte Luis Sánchez, representante de Cascomi, indicó que son injustas las contrademandas hacia los dirigentes de la comunidad y mencionó que “es un acto injusto que la empresa comete contra dirigentes por defender su territorio, la pachamama y sus derechos”, por lo que pidió al Gobierno Nacional, respetar el dialogo y exigir a que las acciones de las instituciones del Estado, estén en concordancia con la construcción del Estado Plurinacional y la defensa de los Derechos Colectivos presentes en la Constitución del Ecuador.